La industria del anime puede recibir la intervención del Gobierno Japonés, según un informe
A pesar de seguir siendo rentable a través de altibajos a lo largo de los años, los problemas que impregnan la industria de la animación japonesa salen de vez en cuando a la luz y, con el poder de Internet, llegan rápidamente a oídos de los aficionados al anime de todo el mundo.
Desde los ajustados plazos fijados por los estudios, hasta los trabajadores implicados que ponen en peligro la calidad del resultado final, pasando por una cultura laboral considerada obsoleta e incluso perversa, incluso por profesionales acostumbrados a ella desde hace años. Sin embargo, las instituciones públicas del propio Japón parecen estar analizando con cautela el escenario para decidir las nuevas medidas a poner en marcha para resolver estos impases.
A través de un informe elaborado y hecho público por el Instituto de Investigación de Japón el pasado 9 de enero, este organismo público ha constatado los hechos sobre la situación actual y los retos que debe superar la industria de la animación nipona, donde además propone en el documento algunas medidas que podrían mitigar o resolver los impactos derivados de dichos problemas.
Entre dichas propuestas se encontraría el futuro establecimiento por parte del gobierno de salarios mínimos básicos para cada puesto específico dentro de la industria, especialmente para los trabajadores más jóvenes, así como la creación de sindicatos con el objetivo de garantizar y conseguir mejores condiciones laborales y un mayor poder de negociación con las empresas que regulan los estándares de producción dentro del área.
Según los datos obtenidos en la encuesta, la industria del anime sufre una considerable rotación de profesionales e incluso se cuestiona la validez de la táctica de subcontratar estudios en los proyectos.
Sin embargo, una de las dificultades para emplear este tipo de cambios puede ser precisamente el aspecto financiero, ya que el informe afirma que los estudios de anime sólo obtienen el 6% de los ingresos de los proyectos que salen al extranjero y sólo reciben el 16% de los beneficios de dentro de su propio país, lo que sería una de las mayores causas de la baja remuneración de los empleados.
Sin embargo, el estudio también evalúa qué se puede hacer ante estas adversidades que invaden a las organizaciones, e indica que para que estas estrategias sean realizables en beneficio de los trabajadores en particular, los estudios deberán recibir una media del 30% de los valores de las IP con las que están involucrados durante un periodo de 10 años, independientemente del tamaño del comité de producción a cargo de un proyecto determinado.
